Esto yA NI.. yo! Puedo..

La actividad en la mina, que aún no ha iniciado la extracción de mineral, está paralizada desde hace un año debido a los fallos detectados en el sistema de extracción y reinyección de las aguas subterráneas y a la presunta contaminación de éstas con sustancias tóxicas, lo que derivó en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra los responsables de CLC.

A finales del año pasado, la empresa presentó el nuevo plan de depuración al que, tras el visto bueno del Consejo de Participación -donde están representadas las administarciones y los agentes sociales y económicos-, debe dar su aprobación final la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y competente para autorizar la reanudación de la actividad.

En declaraciones a Efe, el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, dijo que “con el tratamiento que propone la empresa se obtiene agua que es de calidad potable”, por lo que podría reutilizarse no sólo en la actividad propia de la mina, sino que el excedente podrá destinarse a otros usos como el agrícola.

El portavoz en el consejo de Ecologistas en Acción, Juan Romero, rechazó esta posibilidad y subrayó que la mina prevé extraer 44 metros cúbicos /hectárea de agua, una cantidad que, a su juicio, no se podrá reinyectar en el acuífero Niebla-Posadas, como preveía el proyecto inicial.

Para Romero, el plan de aguas aprobado representa un “fraude de ley” puesto que -aseguró- su plazo de exposición pública previo a la presentación de las correspondientes alegaciones concluía el pasado 13 de abril, “pero la Consejería de Innovación dio su autorización a la mina una semana antes”.

Los daños ocasionados por el vertido contaminante y los gastos afrontados por la Junta de Andalucía, los ministerios y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la retirada de los lodos, el pago de las cosechas, la construcción de una depuradora en la zona de Entremuros y la realización de tareas de investigación se elevaron en su conjunto a 141 millones de euros, de los que 89,8 correspondieron a la Administración andaluza.

No obstante, a lo largo de estos diez años ha sido necesario gastar un total de 300 millones de euros para limpiar la zona de vertidos tóxicos y crear la zona protegida del Corredor Verde del Guadiamar. Boliden se ha mantenido al margen de esta ingente inversión y todos los esfuerzos de la Junta para recuperar los 89,9 millones de euros que costó retirar los lodos han sido, hasta ahora, en balde.

A pesar de esto, la empresa sí cobró 67 millones de euros de las aseguradoras Storbrand y Trygg-Hansa por el accidente. Hasta tal punto llegó el pesimismo de la Junta sobre la resolución del proceso que en diciembre de 2007 la entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, pidió “un poquito de más calor” a los jueces.

Y es que en todos los juicios iniciados, tanto por la vía penal, como por la civil y la contencioso-administrativa, la empresa minera ha salido hasta ahora victoriosa, ya que la legislación vigente cuando se produjo el vertido no preveía que un empresario debiera hacerse cargo de los costes del daño medioambiental que causa su actividad. La situación ha cambiado hace apenas dos años con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental por el Estado y de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) en Andalucía.

La primera jueza que instruyó el caso tras el accidente, en el juzgado de Sanlúcar, archivó las diligencias previas por la vía penal porque no encontró imprudencia grave por parte de Boliden, una decisión que en 2001 ratificó la Audiencia de Sevilla. La Junta decidió entonces recurrir a la vía civil, ya que consideró que la empresa incumplió su contrato porque una mina es un bien público sujeto a concesión. La Audiencia de Sevilla, en 2003, ni siquera admitió a trámite el pleito y lo remitió a la vía de los contencioso-administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entró entonces a valorar el caso mientras el Consejo de Gobierno decidió ordenar el embargo de 89,9 millones contra Boliden. Pero el Alto Tribunal, tras analizar un recurso que la multinacional sueca presentó en 2004, anuló en 2007 la decisión de la Junta al no encontrar precepto legal. El Gobierno autonómico elevó entonces el asunto al Tribunal Supremo para que evaluase cuál es la vía por la que debe juzgarse este caso.

La decisión del embargo adoptada ahora responde en realidad al proceso de liquidación de la filial de Boliden en España, en el que la Junta aparece como acreedora y no busca responsabilidades por el vertido tóxico.