Wednesday, September 23, 2009

Las constructoras de la balsa, libres de culpa en el desastre de Aznalcóllar

La Audiencia de Madrid desestima la demanda de Boliden contra ACS, Intecsa-Inarca y Geocisa. La compañía sueca pedía 248 millones por corresponsabilidad en el vertido tóxico acaecido en 1998
Fuente: Diario de Sevilla 23/09/2009


http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/521583/las/constructoras/la/balsa/..

La Audiencia de Madrid ha confirmado la sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la sueca Boliden contra ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, a las que reclamaba 248 millones de euros por considerarlas corresponsables del vertido tóxico de 1998 en Aznalcóllar, en los aledaños del Parque de Doñana.

En noviembre de 2006, el juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid desestimó la demanda de Boliden por entender que no había quedado demostrado ningún incumplimiento contractual por parte de las empresas que recrecieron la balsa de residuos de Minas de Aznalcóllar (ubicada en la provincia de Sevilla).
Ahora, la Audiencia de Madrid confirma este fallo y desestima el recurso de apelación interpuesto por Boliden, que también demandó a la aseguradoras Banco Vitalicio y Zurich, como ayer adelantaba el diario Expansión.

El tribunal madrileño considera que lo único que quedó acreditado en primera instancia fue que la presa de Aznalcóllar se fracturó el 25 de abril de 1998 causando importantes daños y perjuicios y que fueron terceras personas, ajenas al proceso, las que se encargaron de ejecutar y supervisar el proyecto de la balsa.

También cree probado que los valores del proyecto de 1978 son correctos y que, en su día, Boliden aceptó los trabajos encomendados a Atelsa, sin que en veinte años formulara demanda alguna contra Intecsa.

Añade que Boliden gestionó los vertidos de residuos de la balsa apartándose de los proyectos, mezclando vertidos de residuos en vez de separarlos, inyectando líquidos para los no estaba proyectada y construyendo a pie de dique una batería de pozos de drenaje que disminuyeron la estabilidad del mismo.

Además, efectuó un incorrecto recrecimiento del dique, "la causa directa de su rotura", y estuvo ajeno a los trabajados realizados por Intecsa, Geocisa y ACS, "por lo que no es correcto responsabilizarlas de la rotura de la balsa y menos aún de los daños causados". Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid entiende que Boliden no ha probado los supuestos incumplimientos contractuales de los que acusaba a las tres compañías. Según la sentencia judicial, tanto Intecsa como Geocisa realizaron sus trabajos con la diligencia exigible y fueron terceras empresas las que supervisaron sus trabajos.

En el juicio celebrado en 2006, las tres constructoras afirmaron que la única responsable de la catástrofe ecológica era Boliden, que, por su parte, rechazó toda responsabilidad en la rotura de la balsa que vertió a los aledaños del Parque Nacional de Doñana millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados, cuya limpieza millonaria no concluyó hasta varios años después.

Por ello, Boliden, que ya agotó la vía penal, reclama por la vía civil 115 millones euros por los daños sufridos e intenta recuperar los 89,8 millones que le exigió la Junta de Andalucía por los gastos de limpieza y los 43,7 millones que le reclama la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por una multa y en concepto de reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior al accidente minero.

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Thursday, May 28, 2009

La planta podría seguir en marcha cuando se agote el yacimiento

La empresa baraja traer material de otros sitios o buscar minas cercanas
Fuente: Diario de Sevilla 28/05/2009


http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/434814/la/planta/..

Los responsables de Cobre Las Cruces admitieron ayer que, aunque este yacimiento, incluido en la Faja Pirítica Ibérica, se agote en los 15 años que se han estimado, la planta hidrometalúrgica que se ha construido en la Ruta de la Plata podría tener vida más allá. A ella, de hecho, podrían transportarse material extraído de otras explotaciones del país o, en su caso, de nuevos yacimientos que puedan detectarse en prospecciones que Cobre Las Cruces ya ha pedido y tiene autorizadas en algún caso, como en el Corredor Verde del Guadiamar.

El sistema que se ha implantado en Sevilla -que requiere más inversión que los tradiciones pero que, una vez en marcha, hace más económico el proceso de obtención del cobre- es único en Europa. Sólo existe algo similar en Laos y evita las emisiones de CO2 a la atmósfera. El mineral de tritura, en varias fases y tamaños, y el cobre se obtiene por “lixiviación atmosférica en una solución acuosa”, a base de ácido sulfúrico, oxígeno y temperatura y las placas finales salen por electrodeposición.

Además, el complejo minero es pionero en tanto que están en un mismo espacio -unas 940 hectáreas- la mina y la planta de tratamiento, que abarca tres términos municipales, cuyos vecinos se han beneficiado, al menos, en lo que respecta al empleo. El 40% de los 220 empleos directos que se han creado los ocupan vecinos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. La empresa estima que el empleo indirecto “permanente” mientras perdure el proyecto serán otros 250 puestos. En la construcción de la planta hidrometalúrgica han trabajado unas 1.500 personas, con la participación de alrededor de 250 empresas distintas, muchas de carácter local o provincial. La Junta medió para que los ex mineros de Boliden Apirsa, de la vecina Aznalcóllar pudieran encontrar trabajo en esta nueva explotación, pero sólo uno respondió a la oferta.

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Tuesday, May 12, 2009

Los baches de la mina Las Cruces

Tras superar múltiples escollos desde 1992, podría empezar a producir en junio.
Fuente: El Correo de Andalucía 12/05/2009


http://www.elcorreodeandalucia.es/noticia..

La mayor mina a cielo abierto de Europa será la de Cobre las Cruces, enclavada en el área metropolitana de Sevilla, a caballo entre Gerena, Salteras y Guillena. Eso ocurrirá una vez que empiece a producir, lo que está previsto que ocurra en junio, y tras superar numerosas dificultades en un proyecto muy complejo de por sí.

Hoy se cumple un año desde que las obras de excavación de la corta de Las Cruces fueron paralizadas por la Junta de Andalucía, pero ya tiene permiso para continuar con los trabajos –que estaban en su recta final– y empezar a producir cobre. Pero la historia de esta mina se remonta mucho más atrás, cuando la empresa Riomin Exploraciones, subsidiaria del grupo Río Tinto, solicitó los derechos de exploración en el enclave, obtenidos en 1992. Dos años más tarde se encontró la veta de cobre.

Entonces comenzaron las investigaciones y trabajos preliminares y también se emprendieron los trámites para ir logrando los distintos permisos necesarios. También se procedió a adquirir los terrenos necesarios en los citados municipios. Fue en este momento cuando el proyecto encontró uno de los escollos en su camino: en el proceso de expropiaciones fueron numerosas las quejas de los propietarios –en buena parte agricultores– y especialmente de los de Salteras, sobre el precio de los suelos. Finalmente se hicieron con las 860 hectáreas previstas, y pagaron 20.000 euros por cada una a los pequeños agricultores y algo menos a grandes y medianos propietarios de suelo.

Pasado ese primer bache, los que más batalla presentaron fueron precisamente los vecinos de un municipio donde no se ubica el yacimiento pero por donde pasan sus conducciones: La Algaba. Pese a contar con un preacuerdo con el Ayuntamiento de La Algaba para la obtención de la licencia, el equipo de gobierno terminó poniéndose del lado de los vecinos afectados, unidos en una plataforma, llegando a un conflicto que se resolvió en los tribunales. Fue una sentencia que le dio la razón a la empresa en un primer momento, si bien luego fue revocada. Para entonces ya se habían comenzado los trabajos tras llegar finalmente a un convenio con el Ayuntamiento de La Algaba para las canalizaciones.

Todo esto ocurrió en torno a 2006, pero para ese año la empresa había obtenido la mayoría de permisos importantes, en especial los medioambientales, al situarse en el foco de atención por planear sobre ella el fantasma del vertido tóxico que provocó la rotura de la balsa de la antigua mina de Boliden en Aznalcóllar. Para ello, Cobre las Cruces tuvo que depositar como garantía 78,8 millones de euros en avales por si ocurre algo.

Cobre las Cruces obtuvo la declaración de impacto ambiental en 2002, la concesión de explotación de la mina en 2003, la autorización de uso de las aguas residuales urbanas de la depuradora del barrio de San Jerónimo (Sevilla)en 2004 y el plan especial de la Ley del Suelo y la autorización ambiental integrada en 2005, además de otras licencias y permisos durante esos años.

Entre éstos, también contaba con el visto bueno para explotar el acuífero Niebla-Posadas, autorización que fue revocada en mayo de 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) –ahora es la Agencia Andaluza del Agua la que tiene las competencias– al considerar no solamente que se estaba incumpliendo el sistema de protección, sino que supuestamente se habían contaminado las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que llevó a una denuncia de la Fiscalía de Sevilla.

Esto provocó una paralización de prácticamente toda su actividad durante casi un año, bloqueo criticado por la patronal y empresas auxiliares que demandaron una agilización de los trámites para que se reanudasen las tareas lo antes posible. Tras un auto que verificaba que no había riesgo para el acuífero y presentar un nuevo plan de seguridad, la mina ya puede terminarse.

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Thursday, April 23, 2009

Ecologistas piden a Medio Ambiente que impida la búsqueda de más minas

Exige al departamento que presente alegaciones al permiso de Innovación a Cobre las Cruces para explorar nuevos yacimientos

Fuente: Diario de Sevilla 23/04/2009


http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/406750/ecologistas/..

La organización Ecologistas en Acción reclamó ayer que la Consejería de Medio Ambiente se persone y se “posicione en contra” en el permiso de investigación concedido por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, para la exploración de un perímetro de suelos de los municipios sevillanos de Gerena, Sanlúcar La Mayor y Olivares a la búsqueda de yacimientos mineros.

En un comunicado, Ecologistas en Acción explicó que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 16 de abril un anuncio por el que se habilita un periodo de 15 días para personarse en el expediente del permiso de investigación bautizado como Salomé, que comprende 59 cuadrículas mineras para recursos de la sección C en los terrenos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares.

Al respecto, la organización ecologista advirtió que sobre los suelos afectados por este permiso de investigación transcurre el curso alto del río Guadiamar, “el único tramo que no se contaminó” en 1998 con el desastre medioambiental derivado de la ruptura de una balsa de lodos tóxicos de la explotación minera de Boliden-Andaluza de Piritas SA en Aznalcóllar.

La publicación Guadiamar10, editada por la Consejería de Medio Ambiente con motivo del décimo aniversario de la catástrofe, hablaba de la creación del Corredor Verde de este río y su declaración como Paisaje Protegido e integración en la Red Natura 2000. Tal extremo “abrió una nueva etapa en la futura gestión de este espacio natural. Con ella se añadió al conjunto de espacios protegidos de Andalucía un ejemplo singular de bosque de ribera asociado a un río con régimen escasamente regulado, el cual reproduce fielmente las pulsaciones propias del clima mediterráneo”, cita la organización en cuanto a este artículo.

“El objeto futuro, como se contempla en la propuesta andaluza para los Lugares de Interés Comunitario (LIC), es que sirva de elemento conector entre dos grandes espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Morena y Doñana”, cita por último el colectivo ecologista.

De este modo, Ecologistas en Acción consideró que “para que estas palabras sean creíbles, es imprescindible que la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente se posicione claramente en el plazo de alegaciones”.

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Wednesday, April 8, 2009

La Junta autoriza la actividad en la corta de la Mina Las Cruces

Los ecologistas protestan y piden las razones técnicas para la medida
Fuente: El País 08/04/2009


http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/autoriza/actividad/corta/Mina/..


La Junta de Andalucía anunció ayer que hoy levantará la suspensión que pesa sobre la Mina Las Cruces para que pueda reiniciar los trabajos de perforación en la corta ubicada en Gerena. La Junta levantará la suspensión condicionada a una serie de medidas de seguridad en el tratamiento de aguas, y a expensas de otorgar una nueva autorización para el tratamiento general de aguas -la corta de la mina está atravesada por el acuífero Niebla-Posadas- integrado dentro del Plan Global de Gestión de Aguas presentado por la empresa el pasado mes de septiembre de 2008.


Precisamente el motivo de la paralización de los trabajos mineros fue el fracaso del anterior plan de gestión de aguas de la empresa minera, que perforó varios pozos ilegalmente para poder controlar la entrada de agua procedente del acuífero en la corta de la mina y poder mantener así el sistema ideado de drenaje y reinyección que mantenía el caudal del acuífero sin contaminación.

Fuentes próximas a la empresa evitaron ayer comentar el anuncio hasta tener en su poder la autorización para reemprender los trabajos en la corta.

Tras la paralización de la mina en mayo de 2008, la empresa comunicó la pasada semana a la Junta la decisión de ralentizar los trabajos en la mina, medida que provocaría el despido de más de 500 trabajadores por falta de trabajo, así como la resolución de contratos con 25 empresa subcontratistas y suministradoras. Asimismo, la medida anunciada ayer se produce después de que la Junta resolviese un encierro de mineros de la extinta mina de Boliden, en Aznalcóllar, garantizando la recolocación de una veintena de mineros en Las Cruces.

La Agencia Andaluza del Agua informó esta semana a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de su visto bueno al plan presentado por Las Cruces para la reapertura de la mina “siempre y cuando se gestionen adecuadamente las aguas en la mina”, a la que se le exigirá un sistema de depuración. Asimismo, la Junta ya contaba con el informe favorable del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que en diciembre pasado aprobó el plan presentado por Las Cruces.

Por su parte, los ecologistas reaccionaron ayer con contundencia al anuncio de la reapertura de la mina. Ecologistas en Acción, asociación muy crítica con la instalación minera desde su inicio, calificó ayer de “absolutamente incompresible” que la Junta autorice los trabajos cuando aún no ha finalizado el plazo de exposición pública -finaliza el próximo lunes- abierto por la Agencia Andaluza del Agua en cuanto al Plan Global de Gestión de Aguas elaborado por Cobre las Cruces, informa Europa Press.

Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, indicó que su organización aún no ha presentado sus alegaciones al plan, y que hoy pedirá explicaciones y argumentos técnicos a la Agencia Andaluza del Agua para permitir la reapertura de la mina.

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Tuesday, March 31, 2009

La mina sevillana Las Cruces prescinde de 500 trabajadores subcontratados

La empresa culpa a la Administración de los retrasos en su proyecto
Fuente: El País  31/03/2009


http://www.elpais.com/articulo/andalucia/mina/sevillana/Cruces/prescinde/..

La empresa Cobre Las Cruces, que pretende explotar una mina de 900 hectáreas entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, anunció ayer que va a prescindir de los servicios de unos 500 trabajadores. Se trata de los empleados de las contratas que hasta ahora desarrollaban su labor en el complejo minero. La compañía “reducirá al mínimo todos los trabajos relacionados con las infraestructuras y los procesos de producción del complejo ante la imposibilidad de mantener la actividad de los mismos sin disponer de mineral”. La empresa culpó ayer a la Administración de los retrasos de su proyecto.

El plan de viabilidad de la mina está ahora en la fase de exposición pública.

La Consejería de Innovación paralizó las obras de la mina en mayo de 2008 tras detectar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) riesgo de contaminación en el acuífero Niebla-Posadas. El Juzgado 19 de Sevilla mantiene abierta también una investigación sobre este asunto.

La empresa presentó en septiembre de 2008 un nuevo plan global para poder reanudar su actividad. Es la Agencia Andaluza del Agua la que ahora debe dar el visto bueno. Jaime Palop, director de la agencia, y la Junta de Andalucía han mostrado abiertamente su disposición a que la mina vuelva a funcionar. Pero se deben cumplir los plazos legales.

El plan global se encuentra en fase de exposición pública desde el 13 de marzo pasado. Tendrá que transcurrir un mes en el que cualquier “persona física o jurídica” podrá formular sus alegaciones. Luego será la Agencia Andaluza del Agua la que tendrá que resolver sobre este plan, que cuenta ya con el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (Igme). Hace meses se barajó incluso la posibilidad de dar una autorización provisional, algo que hasta ahora no se ha producido.

Cobre Las Cruces criticó ayer “la demora en las resoluciones” administrativas. Según el comunicado difundido, la empresa “confiaba en obtener un levantamiento de la suspensión, pero éste no se ha producido, por lo que la compañía se ve obligada a reorganizar los trabajos hasta que se solucione la situación actual”.

La supresión del medio millar de puestos de trabajo no afecta a la plantilla propia de la empresa, compuesta por 218 personas. Los empleos son la principal baza con la que cuenta la compañía en este momento de crisis económica para presionar a la Administración autonómica. De hecho, la Junta de Andalucía pretende recolocar en Las Cruces y en la empresa pública Egmasa a 44 de los 73 ex trabajadores de la mina de Aznalcóllar que todavía no han conseguido un empleo.

Según señaló ayer Las Cruces, la reducción de sus actividad no afecta a “las funciones de control y vigilancia medioambiental, seguridad u otras facetas básicas para la correcta evolución del proyecto con todas las garantías”.

Lo que hasta ahora se ha llevado a cabo en la explotación ha sido la construcción de las infraestructuras básicas. Pero, para que la mina pueda funcionar, la empresa debe tener permiso para profundizar en la corta y poder llegar así hasta el mineral. Según la compañía, “el mantenimiento artificial de la totalidad de las tareas y de los puestos de trabajo” tendría ahora un coste mensual de 5,1 millones de euros, “que la compañía no puede asumir”. Cobre Las Cruces sostuvo ayer que ha invertido en este proyecto 504 millones de euros.

Ecologistas en Acción ha sido desde un principio muy crítico con la empresa y ahora también con la Junta de Andalucía. Según esta organización, el nuevo plan global de Cobre Las Cruces es un “fraude de ley”. Ecologistas en Acción acusa a la compañía de haber contaminado con arsénico el acuífero. La empresa, por su parte, negó ayer que el Niebla-Posadas se haya visto afectado por su proyecto.

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Tuesday, March 10, 2009

Cobre Las Cruces demanda un 473% más de agua del acuífero para la mina

Los ecologistas alertan de que el plan global presentado por la empresa para retomar su actividad es un “fraude de ley”
Fuente: Diario de Sevilla 10/03/2009


http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/370643/cobre/las/cruces/demanda/..

Ecologistas en Acción advirtió ayer que el Plan Global de Gestión de Aguas elevado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por Cobre las Cruces (para restituir la concesión gracias a la cual explota el acuífero Niebla-Posadas) eleva a 915.211,42 metros cúbicos la “demanda neta” anual de agua de la explotación (un 473%), que consumiría más de 12 millones de metros cúbicos en 14 años.

Isidoro Albarreal, activista de la organización, explicó que con el documento -del que depende que la Junta autorice de nuevo las excavaciones entre los términos de Gerena, Guillena y Salteras- la “demanda neta” anual de la explotación se elevaría de los 160.000 metros cúbicos anuales permitidos ahora a 915.211,42 y apuntó que la empresa podría solicitar una balsa para lodos, similar a la de Boliden en Aznalcóllar.

Este Plan Global de Gestión de Aguas fue presentado por la empresa en septiembre de 2008, después de que la CHG suspendiera la concesión administrativa para explotar el acuífero por incumplimientos del convenio, tras lo cual la Fiscalía presentó una querella por delitos ambientales. El colectivo cree que el plan es un “fraude de ley” y responsabilizó al presidente andaluz, Manuel Chaves, de las consecuencias que se deriven de una nueva autorización. Ecologistas han extraído los nuevos datos de la documentación que consta en el Juzgado 19 de Sevilla.

Por otro lado, la empresa Frasa, que también está siendo investigada, negó ayer que haya ocultado información a la CHG sobre los trabajos. El presidente, Rafael Fernández Rubio, asegura que se trata “falsedades carentes de rigor que pretenden alterar la realidad”. Acusa a los ecologistas de extraer conclusiones de la documentación de un proceso judicial -los trabajos de extracción se han paralizado- para “obtener titulares”.

Frasa fue contratada para diseñar una red de pozos para drenar el agua sobre el mineral y reinyectarla y realizar las tareas del hidrogeólogo residente de la mina, función para la que seleccionó a una licenciada con pocos meses de experiencia, aunque asegura que la CHG reclamó “un técnico junior”, que trasladó la información puntualmente y que no ha habido contaminación en el acuífero.

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Monday, March 9, 2009

El PP exige a la Junta que reactive la mina Las Cruces

Los populares confían en el nuevo proyecto presentado por la empresa
Fuente: Diario de Sevilla 09/03/2009


http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/369787/pp/exige/la/junta/reactive/..

En Guillena, Gerena y Salteras -los tres
municipios sobre cuyos términos municipales se desarrolla la construcción de la mina Cobre Las Cruces- "el número de desempleados es de 2.549 personas, 300 de ellas trabajadores del sector minero". Éste es el argumento que el PP maneja para exigir a la Junta de Andalucía el reinicio de la actividad en dicha explotación, suspendida desde el 12 de mayo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por el presunto incumplimiento de los requisitos por los que se autorizó la mina y por la supuesta contaminación del acuífero Niebla-Posadas con sustancias altamente nocivas.

María Eugenia Romero, vicesecretaria de Relaciones con los Movimientos Sociales del PP de Sevilla, cree que la Administración "no puede demorar por más tiempo" su respuesta a la empresa, que en octubre pasado solicitó el reinicio de la actividad con la presentación de un plan que modifica el proyecto inicial. Con el Estatuto, las competencias de la CHG han pasado a la Agencia Andaluza del Agua (AAA), que debe pronunciarse aún sobre dicho plan, aunque para ello debe ser publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) de Sevilla.

La Fiscalía de Medio Ambiente presentó en septiembre una querella contra los responsables de la mina que se tramita en un juzgado sevillano, aunque el PP "confía en que la empresa, tras lo que pasó, haya salvado esos escollos porque no queremos otro Aznalcóllar", dijo Romero en alusión al vertido tóxico de 1998.

La dirigente del PP también arremetió contra el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, por no agilizar la publicación del citado plan en el BOP: "Que trabaje por Sevilla y no lo bloquee para evitarle problemas a Chaves".

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Friday, October 24, 2008

Un tribunal sueco abre la vía para que Boliden pague 141 millones por el vertido tóxico de Aznalcóllar

La Justicia admite un recurso de la Junta de Andalucía y ordena el embargo cautelar de los bienes de la minera. Debe cubrir la posible responsabilidad de su filial española por el desastre de 1998. El Gobierno andaluz depositará 90 millones de garantía.

Fuente: Diario de Sevilla 24/10/2008


http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/261918/tribunal/sueco/abre/la/via/..

La Junta de Andalucía comienza a recibir buenas noticias dentro del embrollo judicial que rodea al vertido de lodos tóxicos desde la balsa de Aznalcóllar al río Guadiamar hace más de una década. Y las buenas nuevas le llegan desde los tribunales suecos después de recibir a lo largo de estos años hasta tres sentencias contrarias de la Justicia española a sus demandas. La Corte de Apelación sueca, siguiendo el criterio fijado en la sentencia dictada en junio de 2007 por un juzgado de lo Mercantil de Sevilla, ha declarado como ejecutable el embargo provisional de 141 millones de la empresa multinacional para hacer frente al proceso concursal de liquidación (anteriormente denominado de quiebra) de su filial española, Boliden-Apirsa.

Dado que esta última, según fuentes del Gobierno andaluz, contaba con un capital social de 500.000 pesetas (apenas 3.000 euros), era del todo imposible que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del vertido. De ahí que el Ejecutivo autonómico centrase sus actuaciones contra la empresa matriz, una meta que consigue pasados diez años. Ello es posible gracias a la aplicación del principio de espacio jurídico único europeo, que impide que las empresas multinacionales puedan escapar de la acción de la justicia. El argumento de peso esgrimido por la Junta es que Boliden comparte al ciento por ciento su accionariado con el de Boliden-Apirsa.

La Junta demanda a la compañía minera 89,8 millones de euros por los gastos que supuso retirar los siete millones de metros cúbicos de lodos de los ríos Agrio y Guadiamar, aunque fue necesario invertir 300 millones de euros para recuperar estos cauces en lo que se considera la mayor catástrofe ambiental de la historia de España.

A la cantidad reclamada por el Gobierno andaluz hay que sumar otros 51 millones largos que demandan el resto acreedores -principalmente, el Estado español, más algunos proveedores de la compañía minera- por lo que, en total, la corte sueca acepta embargar 141 millones a Boliden de forma cautelar.

Para continuar con el proceso, y a la espera de conocer con exactitud el contenido literal de la decisión judicial, la Junta y el resto acreedores deberán aportar al tribunal sueco una garantía similar a la que le reclaman a Boliden. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que dicha aportación es consecuencia de que la Junta forma parte como acreedora del administrador concursal de Boliden-Apirsa.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, compareció ayer en rueda de prensa e informó de que el Gobierno autonómico aportará los casi 90 millones solicitados porque, aseguró, la intención de la Junta es “seguir adelante con el litigio hasta que haya una resolución firme”.

La titular de Medio Ambiente valoró la decisión judicial como la demostración de que “las multinacionales no podrán escabullirse de sus responsabilidades a través de ingeniería mercantil”.

Castillo hizo estas declaraciones desde la prudencia, ya que la Junta, reconoció, no ha recibido aún notificación oficial desde la corte judicial sueca y la información que tiene se reduce a la incluida en una breve nota de prensa publicada en la página web de Boliden, recogida ayer por el diario económico Cinco días.

Castillo consideró que a partir de ahora el caso debe resolverse en Suecia, ya que es allí donde tiene fijada su sede jurídica la multinacional, aunque las fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas apuntaron que el proceso seguirá su curso en España, ya que fue aquí donde se produjo el hecho juzgado.

La cotización de las acciones de Boliden experimentó ayer una fuerte bajada superior al 9%, aunque este hecho puede ser atribuible tanto a la decisión del tribunal sueco como a la fuerte crisis que padece el sector minero por la caída mundial de la demanda de metales, como el cobre. En los últimos doce meses, las acciones de la multinacional han pasado de un valor de 117 coronas suecas a sólo 19, lo que supone un descenso del 82%.

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A la cuarta va la vencida, de momento

Prospera la demanda mercantil tras fracasar las vías penal, civil y contenciosa
Fuente: Diario de Sevilla 24/10/2008
http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/261917/la/cuarta/va/la/vencida/momento.html

El 25 de abril de 1998 reventaba en plena madrugada la balsa minera de la empresa Boliden en la localidad de Aznalcóllar, inundando con siete millones de metros cúbicos de lodos altamente tóxicos el cauce y el entorno del río Guadiamar, afectando a los términos municipales de una docena de pueblos. El Parque Nacional de Doñana quedó al borde del desastre y se produjeron importantes pérdidas que las administraciones autonómica y central tuvieron que llevar a cabo casi en solitario -la multinacional realizó en su día una aportación de 1.000 millones de pesetas de la época, ahora 6 millones de euros-, desarrollando una faraónica tarea de recuperación de la comarca.

Los daños ocasionados por el vertido contaminante y los gastos afrontados por la Junta de Andalucía, los ministerios y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la retirada de los lodos, el pago de las cosechas, la construcción de una depuradora en la zona de Entremuros y la realización de tareas de investigación se elevaron en su conjunto a 141 millones de euros, de los que 89,8 correspondieron a la Administración andaluza.

No obstante, a lo largo de estos diez años ha sido necesario gastar un total de 300 millones de euros para limpiar la zona de vertidos tóxicos y crear la zona protegida del Corredor Verde del Guadiamar. Boliden se ha mantenido al margen de esta ingente inversión y todos los esfuerzos de la Junta para recuperar los 89,9 millones de euros que costó retirar los lodos han sido, hasta ahora, en balde.

A pesar de esto, la empresa sí cobró 67 millones de euros de las aseguradoras Storbrand y Trygg-Hansa por el accidente. Hasta tal punto llegó el pesimismo de la Junta sobre la resolución del proceso que en diciembre de 2007 la entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, pidió “un poquito de más calor” a los jueces.

Y es que en todos los juicios iniciados, tanto por la vía penal, como por la civil y la contencioso-administrativa, la empresa minera ha salido hasta ahora victoriosa, ya que la legislación vigente cuando se produjo el vertido no preveía que un empresario debiera hacerse cargo de los costes del daño medioambiental que causa su actividad. La situación ha cambiado hace apenas dos años con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental por el Estado y de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) en Andalucía.

La primera jueza que instruyó el caso tras el accidente, en el juzgado de Sanlúcar, archivó las diligencias previas por la vía penal porque no encontró imprudencia grave por parte de Boliden, una decisión que en 2001 ratificó la Audiencia de Sevilla. La Junta decidió entonces recurrir a la vía civil, ya que consideró que la empresa incumplió su contrato porque una mina es un bien público sujeto a concesión. La Audiencia de Sevilla, en 2003, ni siquera admitió a trámite el pleito y lo remitió a la vía de los contencioso-administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entró entonces a valorar el caso mientras el Consejo de Gobierno decidió ordenar el embargo de 89,9 millones contra Boliden. Pero el Alto Tribunal, tras analizar un recurso que la multinacional sueca presentó en 2004, anuló en 2007 la decisión de la Junta al no encontrar precepto legal. El Gobierno autonómico elevó entonces el asunto al Tribunal Supremo para que evaluase cuál es la vía por la que debe juzgarse este caso.

La decisión del embargo adoptada ahora responde en realidad al proceso de liquidación de la filial de Boliden en España, en el que la Junta aparece como acreedora y no busca responsabilidades por el vertido tóxico.

Las noticias tampoco han sido favorables siempre para Boliden: una sentencia de noviembre de 2006 quitó la responsabilidad del accidente a las constructoras de la balsa, a las que la minera reclamó 248 millones de euros.

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