Esto yA NI.. yo! Puedo..

Echa andar así un proyecto que se gesta desde 1992, cuando comenzaron las prospecciones, y en el que sólo en la fase de estudios se han invertido 70 millones de euros, otros 500 en la de construcción. De la planta saldrán hasta 72.000 toneladas de cobre al año -el 25% de la demanda nacional, aunque en 2009 serán sólo algo más de 23.000- durante los 15 años que durará un yacimiento de excepcional pureza: el mineral tiene un 6,2% de cobre de media, cuando es rentable para la explotación desde el 0,5%.

Pero el hito de la puesta en marcha está pendiente de que la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, apruebe el Plan de Garantías Adicionales para la Gestión del Agua, conocido como plan global y que afecta sobre todo al tratamiento del acuífero Niebla-Posadas, cuyo cauce está por encima del mineral y debe salvarse para llegar al mismo y evitar que inunde la corta, extrayéndolo antes de la mina y devolviéndolo aguas abajo en lo que se conoce como sistema de drenaje-reinyección (SDR). La empresa elaboró el documento adicional a raíz de que la CHG, entonces competente, ordenara en abril de 2008 parar la extracción tras detectar reducción de agua en algunas fuentes, extracciones no autorizadas y contaminación, cuando la condición era que no se alterara el equilibro de un acuífero que es estratégico para Sevilla.

Cobre Las Cruces reconoció ayer que, mientras no tenga ese permiso -que Ecologistas en Acción rechaza porque considera que modifica las condiciones iniciales del proyecto y cree que la Junta podría caer en fraude de ley si lo avala- no podrán trabajar al cien por cien. Aunque no se pone en otro escenario que no sea una autorización y en un plazo que no irá más allá de un mes. También sigue su curso en los juzgados la denuncia de Ecologistas y la Fiscalía por la supuesta contaminación con metales de esas aguas, que Cobre Las Cruces niega y dice que así lo demostrará.

Según recordó Juan Carlos Baquero, director de la gestión de aguas de la explotación, sólo el plan global supondrá un desembolso de 28 millones adicionales y prevé, entre otras actuaciones, la construcción de una planta que permitirá tratar el 100% de las aguas que se extraen antes de reinyectarlas entre 800 metros y dos kilómetros después. Ese agua, “que antes contenía arsénico y otros metales de forma natural”, se podría incluso beber antes de volver al subsuelo, insistió.

Ello supone un cambio con respecto al proyecto inicial, en el que la reinyección se iba a hacer sin tratar y en puntos donde el agua tiene una composición similar, algo que se ha visto inviable. Con la nueva planta potabilizadora por ósmosis inversa que habrá que construir se podrán tratar entre 160 y 180 litros por segundo. Ahora, con dos plantas menores funcionando junto a la mina, no se pasa de los 90 litros por segundo. En este proceso -admitió Baquero- se perderá alguna cantidad, entre un 5% y un 10% del agua, aunque se garantiza el balance cero en pérdida neta por extracción, ya que se compensará inyectado otra comprando los derechos a agricultores de la zona. Tienen comprometidos 1,1 millones de metros cúbicos al año.

Baquero también dejó claro que el agua del acuífero no se usará para tratar el material. Ésta procede de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerómino durante los seis meses invernales y se almacena para el resto del año. El excedente se verterá, tratado, al Guadalquivir.

Las preguntas sobre el tratamiento de agua centraron una visita de los medios de comunicación a la planta ya en funcionamiento en la que, además del consejero delegado y el responsable del sistema de aguas participaron el director de la planta, Enrique Delgado, y el de recursos humanos, Juan Román, quienes insistieron en que esta explotación minera es la mayor inversión privada en Sevilla en los últimos años. La planta -en la que el cobre se consigue sin función sino con un sistema químico conocido como lixiviación, pionero en Europa- ha tenido, no obstante, un importante respaldo de las administraciones públicas, con cerca de 53 millones en ayudas.

Será la segunda mayor en producción de toda Europa y se estima que, con un precio medio del cobre de 4.000 dólares tonelada, facturará de media 225 millones al año. Este año, que está a la mitad, podría ser de hasta 69. Los responsables de Cobre Las Cruces (participada en un 70% por la multinacional sueca Inmet Mining Corporation, especializada en extracción de cobre, zinc y oro y en un 30% por Leucadia National Corporation) hicieron hincapié además en los más de 30 millones en avales depositados que, por primera vez, incluyen uno de carácter social por cinco millones. Los seguros de responsabilidad civil son otros 30.

La compañía Endesa Generación tiene previsto construir en la localidad de Guillena un “parque de producción energética” con una inversión de 700 millones de euros que generará 1.555 megavatios al año, suficientes para atender la demanda energética de toda la provincia de Sevilla. El grueso de la inversión, unos 680 millones de euros, irá destinado a la puesta en marcha de una planta de ciclo combinado de gas natural, con una potencia de en torno 1.350 megavatios y para la que la empresa ha depositado un aval de 13,6 millones de euros ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, competente en la materia junto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Esta planta de ciclo combinado estará formada por tres unidades idénticas de unos 450 mw netos cada una y se ubicará en terrenos propiedad de Endesa, junto al embalse superior de la central hidroeléctrica existente.

El complejo, en fase de exposición pública y a la espera del informe de impacto ambiental, se ubicaría a unos 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Sevilla, en el paraje de Los Llanos de Medina, donde Endesa ya tiene una central hidroeléctrica de bombeo de 210 megavatios de potencia y una subestación eléctrica de transporte, dotada de parques de transformación de 132, 220 y 400 kilovatios. El conjunto se completaría con la construcción de una planta solar fotovoltaica de 3,85 megavatios que se destinaría tanto a abastecimiento como a tareas de investigación y desarrollo.

Según la empresa, durante los tres años que llevaría el proceso de edificación de este futuro Parque Energético Vía de la Plata se crearían alrededor de 500 puestos de trabajo directos, mientras que durante los 25 años de explotación del proyecto se generarían 50 empleos directos y unos 70 indirectos.

Pese a que en Guillena ya han surgido algunas voces discordantes con el plan de Endesa por su impacto ambiental, la compañía mantiene que su intención es hacer de su parque energético “un referente significativo de las distintas modalidades de generación eléctrica, especialmente, de las tecnologías limpias y de bajas emisiones atmosféricas”. En el entorno a la ubicación prevista se encuentran, en un radio de 10 kilómetros, ocho términos municipales: Guillena, El Ronquillo, Castilblanco de los Arroyos, Burguillos, Alcalá del Río, Gerena, El Garrobo y El Castillo de las Guardas.

La planta de ciclo combinado y el parque solar se desarrollarán sobre un suelo catalogado, según el Plan General de Ordenación de Guillena, como suelo no urbanizable protegido (SNUP) de la Serranía. Según la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (de 31 de enero de 2006) en fase de aprobación, la zona en cuestión pasaría a ser calificada como zona no urbanizable de carácter natural o rural, aunque tanto la propia compañía como fuentes municipales indican que el Ayuntamiento está dispuesto a reclasificar los suelos si el Ministerio da su visto bueno a la central del ciclo combinado y si la Junta de Andalucía hace lo propio con la planta termosolar.

El proyecto de Guillena es consecuencia de la desestimación por parte del Ayuntamiento de Sevilla y del Ministerio de Medio Ambiente, en 2006, de la construcción de una central de 400 megavatios de potencia en la Punta del Verde, junto al Puerto de Sevilla.

Endesa admite que antes de apostar por trasladar su proyecto a Guillena barajó otras ubicaciones alternativas, como el municipio de Dos Hermanas, cuyo Ayuntamiento ofreció unos terrenos junto al Guadalquivir en el Polígono Industrial de la Isla, o el Parque Medioambiental de Aznalcóllar, aunque explica que “ninguno de estos emplazamientos presentaba las ventajas sobre la localización propuesta en Guillena y, sobre todo, ninguno de ellos ofrecía una oportunidad tan manifiesta de desarrollar un parque energético” donde confluyan distintas formas de producción.

La puesta en marcha de este parque energético corregiría, a juicio de Endesa, “la descompensación existente en la provincia de Sevilla entre consumo y producción de electricidad”. Para ello pone sobre la mesa un dato: Sevilla, cuyo gran centro de consumo es la capital y su área metropolitana, supone más del 20% del consumo de toda la comunidad autónoma y, sin embargo, la cantidad de electricidad producida en la provincia es mínima. El año pasado, la punta máxima de consumo fue de 1.556 megavatios, cifra muy pareja a los 1.555 megavatios que podrían producirse en Guillena.

El emplazamiento presenta para la compañía varias ventajas, empezando por su cercanía a ese “gran centro de consumo de la provincia de Sevilla”, lo que aumenta a su juicio las garantías de un suministro eficaz, estable y seguro. También enumera como aspectos positivos la existencia de unos terrenos amplios y la cercanía de la subestación eléctrica ya en marcha, con lo que no será preciso construir nuevas líneas eléctricas para evacuar la electricidad generada en alta tensión.

A ello se añade la posibilidad de suministrar el agua necesaria para la operación del ciclo combinado “de modo compatible con los usos actuales de la cuenca” -en la que se incluyen los embalses existentes de Cala y de Guillena-, la lejanía de núcleos urbanos -”lo que minimizaría las posibles molestias sobre la población de la actividad industrial”- y un emplazamiento relativamente próximo a la red de gasoductos nacionales existente en la provincia de Sevilla.

Ese “relativamente próximo” se mide en kilómetros. Para su abastecimiento por medio de gas natural, la central necesitará de la construcción de un ramal de 43 kilómetros de longitud que partirá, al sureste de Aznalcázar, del gasoducto Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid.

El citado ramal no sólo permitirá abastecer a la central para su funcionamiento, sino a los municipios por cuyos términos municipales pase. De acuerdo al Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013), dentro de cuatro años, “el 80% de los residentes en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes deberán contar con la posibilidad de acceder al suministro de gas natural, acorde con una distribución equilibrada de dicha fuente de energía en el territorio”.

Dado que esta última, según fuentes del Gobierno andaluz, contaba con un capital social de 500.000 pesetas (apenas 3.000 euros), era del todo imposible que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del vertido. De ahí que el Ejecutivo autonómico centrase sus actuaciones contra la empresa matriz, una meta que consigue pasados diez años. Ello es posible gracias a la aplicación del principio de espacio jurídico único europeo, que impide que las empresas multinacionales puedan escapar de la acción de la justicia. El argumento de peso esgrimido por la Junta es que Boliden comparte al ciento por ciento su accionariado con el de Boliden-Apirsa.

La Junta demanda a la compañía minera 89,8 millones de euros por los gastos que supuso retirar los siete millones de metros cúbicos de lodos de los ríos Agrio y Guadiamar, aunque fue necesario invertir 300 millones de euros para recuperar estos cauces en lo que se considera la mayor catástrofe ambiental de la historia de España.

A la cantidad reclamada por el Gobierno andaluz hay que sumar otros 51 millones largos que demandan el resto acreedores -principalmente, el Estado español, más algunos proveedores de la compañía minera- por lo que, en total, la corte sueca acepta embargar 141 millones a Boliden de forma cautelar.

Para continuar con el proceso, y a la espera de conocer con exactitud el contenido literal de la decisión judicial, la Junta y el resto acreedores deberán aportar al tribunal sueco una garantía similar a la que le reclaman a Boliden. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que dicha aportación es consecuencia de que la Junta forma parte como acreedora del administrador concursal de Boliden-Apirsa.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, compareció ayer en rueda de prensa e informó de que el Gobierno autonómico aportará los casi 90 millones solicitados porque, aseguró, la intención de la Junta es “seguir adelante con el litigio hasta que haya una resolución firme”.

La titular de Medio Ambiente valoró la decisión judicial como la demostración de que “las multinacionales no podrán escabullirse de sus responsabilidades a través de ingeniería mercantil”.

Castillo hizo estas declaraciones desde la prudencia, ya que la Junta, reconoció, no ha recibido aún notificación oficial desde la corte judicial sueca y la información que tiene se reduce a la incluida en una breve nota de prensa publicada en la página web de Boliden, recogida ayer por el diario económico Cinco días.

Castillo consideró que a partir de ahora el caso debe resolverse en Suecia, ya que es allí donde tiene fijada su sede jurídica la multinacional, aunque las fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas apuntaron que el proceso seguirá su curso en España, ya que fue aquí donde se produjo el hecho juzgado.