Esto yA NI.. yo! Puedo..

Ecologistas en Acción reiteró denunciará a la Agencia y a la Consejería de Innovación si no se publican los “términos” y “datos” de la autorización provisional concedida a la empresa, que llegó el martes al mineral. El portavoz, Isidoro Albarreal, recordó que la Agencia del Agua comprueba día a día el estado del acuífero, por lo que debe concretar “hasta dónde llega su autorización y si coincide con el volumen afectado por el sistema de drenaje-reinyección”. Los ecologistas han anunciado que su demanda por prevaricación se basa en que “el permiso ha podido darse a sabiendas de que se está produciendo un daño ambiental y persistente”.

Echa andar así un proyecto que se gesta desde 1992, cuando comenzaron las prospecciones, y en el que sólo en la fase de estudios se han invertido 70 millones de euros, otros 500 en la de construcción. De la planta saldrán hasta 72.000 toneladas de cobre al año -el 25% de la demanda nacional, aunque en 2009 serán sólo algo más de 23.000- durante los 15 años que durará un yacimiento de excepcional pureza: el mineral tiene un 6,2% de cobre de media, cuando es rentable para la explotación desde el 0,5%.

Pero el hito de la puesta en marcha está pendiente de que la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, apruebe el Plan de Garantías Adicionales para la Gestión del Agua, conocido como plan global y que afecta sobre todo al tratamiento del acuífero Niebla-Posadas, cuyo cauce está por encima del mineral y debe salvarse para llegar al mismo y evitar que inunde la corta, extrayéndolo antes de la mina y devolviéndolo aguas abajo en lo que se conoce como sistema de drenaje-reinyección (SDR). La empresa elaboró el documento adicional a raíz de que la CHG, entonces competente, ordenara en abril de 2008 parar la extracción tras detectar reducción de agua en algunas fuentes, extracciones no autorizadas y contaminación, cuando la condición era que no se alterara el equilibro de un acuífero que es estratégico para Sevilla.

Cobre Las Cruces reconoció ayer que, mientras no tenga ese permiso -que Ecologistas en Acción rechaza porque considera que modifica las condiciones iniciales del proyecto y cree que la Junta podría caer en fraude de ley si lo avala- no podrán trabajar al cien por cien. Aunque no se pone en otro escenario que no sea una autorización y en un plazo que no irá más allá de un mes. También sigue su curso en los juzgados la denuncia de Ecologistas y la Fiscalía por la supuesta contaminación con metales de esas aguas, que Cobre Las Cruces niega y dice que así lo demostrará.

Según recordó Juan Carlos Baquero, director de la gestión de aguas de la explotación, sólo el plan global supondrá un desembolso de 28 millones adicionales y prevé, entre otras actuaciones, la construcción de una planta que permitirá tratar el 100% de las aguas que se extraen antes de reinyectarlas entre 800 metros y dos kilómetros después. Ese agua, “que antes contenía arsénico y otros metales de forma natural”, se podría incluso beber antes de volver al subsuelo, insistió.

Ello supone un cambio con respecto al proyecto inicial, en el que la reinyección se iba a hacer sin tratar y en puntos donde el agua tiene una composición similar, algo que se ha visto inviable. Con la nueva planta potabilizadora por ósmosis inversa que habrá que construir se podrán tratar entre 160 y 180 litros por segundo. Ahora, con dos plantas menores funcionando junto a la mina, no se pasa de los 90 litros por segundo. En este proceso -admitió Baquero- se perderá alguna cantidad, entre un 5% y un 10% del agua, aunque se garantiza el balance cero en pérdida neta por extracción, ya que se compensará inyectado otra comprando los derechos a agricultores de la zona. Tienen comprometidos 1,1 millones de metros cúbicos al año.

Baquero también dejó claro que el agua del acuífero no se usará para tratar el material. Ésta procede de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de San Jerómino durante los seis meses invernales y se almacena para el resto del año. El excedente se verterá, tratado, al Guadalquivir.

Las preguntas sobre el tratamiento de agua centraron una visita de los medios de comunicación a la planta ya en funcionamiento en la que, además del consejero delegado y el responsable del sistema de aguas participaron el director de la planta, Enrique Delgado, y el de recursos humanos, Juan Román, quienes insistieron en que esta explotación minera es la mayor inversión privada en Sevilla en los últimos años. La planta -en la que el cobre se consigue sin función sino con un sistema químico conocido como lixiviación, pionero en Europa- ha tenido, no obstante, un importante respaldo de las administraciones públicas, con cerca de 53 millones en ayudas.

Será la segunda mayor en producción de toda Europa y se estima que, con un precio medio del cobre de 4.000 dólares tonelada, facturará de media 225 millones al año. Este año, que está a la mitad, podría ser de hasta 69. Los responsables de Cobre Las Cruces (participada en un 70% por la multinacional sueca Inmet Mining Corporation, especializada en extracción de cobre, zinc y oro y en un 30% por Leucadia National Corporation) hicieron hincapié además en los más de 30 millones en avales depositados que, por primera vez, incluyen uno de carácter social por cinco millones. Los seguros de responsabilidad civil son otros 30.

En un comunicado, Ecologistas en Acción explicó que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 16 de abril un anuncio por el que se habilita un periodo de 15 días para personarse en el expediente del permiso de investigación bautizado como Salomé, que comprende 59 cuadrículas mineras para recursos de la sección C en los terrenos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares.

Al respecto, la organización ecologista advirtió que sobre los suelos afectados por este permiso de investigación transcurre el curso alto del río Guadiamar, “el único tramo que no se contaminó” en 1998 con el desastre medioambiental derivado de la ruptura de una balsa de lodos tóxicos de la explotación minera de Boliden-Andaluza de Piritas SA en Aznalcóllar.

La publicación Guadiamar10, editada por la Consejería de Medio Ambiente con motivo del décimo aniversario de la catástrofe, hablaba de la creación del Corredor Verde de este río y su declaración como Paisaje Protegido e integración en la Red Natura 2000. Tal extremo “abrió una nueva etapa en la futura gestión de este espacio natural. Con ella se añadió al conjunto de espacios protegidos de Andalucía un ejemplo singular de bosque de ribera asociado a un río con régimen escasamente regulado, el cual reproduce fielmente las pulsaciones propias del clima mediterráneo”, cita la organización en cuanto a este artículo.

“El objeto futuro, como se contempla en la propuesta andaluza para los Lugares de Interés Comunitario (LIC), es que sirva de elemento conector entre dos grandes espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Morena y Doñana”, cita por último el colectivo ecologista.

La actividad en la mina, que aún no ha iniciado la extracción de mineral, está paralizada desde hace un año debido a los fallos detectados en el sistema de extracción y reinyección de las aguas subterráneas y a la presunta contaminación de éstas con sustancias tóxicas, lo que derivó en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra los responsables de CLC.

A finales del año pasado, la empresa presentó el nuevo plan de depuración al que, tras el visto bueno del Consejo de Participación -donde están representadas las administarciones y los agentes sociales y económicos-, debe dar su aprobación final la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y competente para autorizar la reanudación de la actividad.

En declaraciones a Efe, el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, dijo que “con el tratamiento que propone la empresa se obtiene agua que es de calidad potable”, por lo que podría reutilizarse no sólo en la actividad propia de la mina, sino que el excedente podrá destinarse a otros usos como el agrícola.

El portavoz en el consejo de Ecologistas en Acción, Juan Romero, rechazó esta posibilidad y subrayó que la mina prevé extraer 44 metros cúbicos /hectárea de agua, una cantidad que, a su juicio, no se podrá reinyectar en el acuífero Niebla-Posadas, como preveía el proyecto inicial.

Para Romero, el plan de aguas aprobado representa un “fraude de ley” puesto que -aseguró- su plazo de exposición pública previo a la presentación de las correspondientes alegaciones concluía el pasado 13 de abril, “pero la Consejería de Innovación dio su autorización a la mina una semana antes”.

“Endesa pretende desarrollar en nuestro pueblo el proyecto que las instituciones sevillanas, andaluzas y estatales rechazaron para Sevilla capital”, indicó ayer a través de un comunicado Marcelo Domínguez, portavoz de IU-NI-UPAN en el Ayuntamiento de Guillena, en referencia a la frustrada central que Endesa pretendía construir en la Punta del Verde. Los vecinos de Guillena, sostuvo Domínguez, quedarían “en alto riesgo ambiental y sanitario”.

“El proyecto presentado ahora no hace más que disfrazar la realidad de lo que pretenden hacer anunciando una planta solar o recurriendo al caramelo del empleo. También nos parece lamentable que se pretenda cambiar toda la normativa urbanística y de protección de la serranía reclasificando la zona”, añadió.

En parecido sentido, Ecologistas mantuvo que la nueva central “es contraria al protocolo de Kioto” sobre emisiones contaminantes. “Este proyecto tampoco sustituye o reduce el funcionamiento de ninguna instalación más ineficiente y antigua en su entorno, y en consecuencia no supone una reducción de contaminantes o en el consumo de energías primarias fósiles”, indicaron a través de otro comunicado.

Endesa replicó por medio de un portavoz que las centrales de ciclo combinado “contribuyen a luchar contra el cambio climático puesto que entran en funcionamiento para generar electricidad antes que otras más contaminantes”, al tiempo que recordó que la producción mediante fuentes renovables tiene el inconveniente de depender de factores climáticos.

Sobre el aumento de las emisiones, Endesa negó la mayor, puesto que, a su juicio, España no puede superar los máximos fijados. Si se construye la central de Guillena, “será el Gobierno el que determine qué centrales más contaminantes deberán dejar de producir”, indicó el citado portavoz.