Esto yA NI.. yo! Puedo..

El sistema que se ha implantado en Sevilla -que requiere más inversión que los tradiciones pero que, una vez en marcha, hace más económico el proceso de obtención del cobre- es único en Europa. Sólo existe algo similar en Laos y evita las emisiones de CO2 a la atmósfera. El mineral de tritura, en varias fases y tamaños, y el cobre se obtiene por “lixiviación atmosférica en una solución acuosa”, a base de ácido sulfúrico, oxígeno y temperatura y las placas finales salen por electrodeposición.

En un comunicado, Ecologistas en Acción explicó que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 16 de abril un anuncio por el que se habilita un periodo de 15 días para personarse en el expediente del permiso de investigación bautizado como Salomé, que comprende 59 cuadrículas mineras para recursos de la sección C en los terrenos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares.

Al respecto, la organización ecologista advirtió que sobre los suelos afectados por este permiso de investigación transcurre el curso alto del río Guadiamar, “el único tramo que no se contaminó” en 1998 con el desastre medioambiental derivado de la ruptura de una balsa de lodos tóxicos de la explotación minera de Boliden-Andaluza de Piritas SA en Aznalcóllar.

La publicación Guadiamar10, editada por la Consejería de Medio Ambiente con motivo del décimo aniversario de la catástrofe, hablaba de la creación del Corredor Verde de este río y su declaración como Paisaje Protegido e integración en la Red Natura 2000. Tal extremo “abrió una nueva etapa en la futura gestión de este espacio natural. Con ella se añadió al conjunto de espacios protegidos de Andalucía un ejemplo singular de bosque de ribera asociado a un río con régimen escasamente regulado, el cual reproduce fielmente las pulsaciones propias del clima mediterráneo”, cita la organización en cuanto a este artículo.

“El objeto futuro, como se contempla en la propuesta andaluza para los Lugares de Interés Comunitario (LIC), es que sirva de elemento conector entre dos grandes espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Morena y Doñana”, cita por último el colectivo ecologista.

Dado que esta última, según fuentes del Gobierno andaluz, contaba con un capital social de 500.000 pesetas (apenas 3.000 euros), era del todo imposible que pudiera hacerse cargo de las responsabilidades derivadas del vertido. De ahí que el Ejecutivo autonómico centrase sus actuaciones contra la empresa matriz, una meta que consigue pasados diez años. Ello es posible gracias a la aplicación del principio de espacio jurídico único europeo, que impide que las empresas multinacionales puedan escapar de la acción de la justicia. El argumento de peso esgrimido por la Junta es que Boliden comparte al ciento por ciento su accionariado con el de Boliden-Apirsa.

La Junta demanda a la compañía minera 89,8 millones de euros por los gastos que supuso retirar los siete millones de metros cúbicos de lodos de los ríos Agrio y Guadiamar, aunque fue necesario invertir 300 millones de euros para recuperar estos cauces en lo que se considera la mayor catástrofe ambiental de la historia de España.

A la cantidad reclamada por el Gobierno andaluz hay que sumar otros 51 millones largos que demandan el resto acreedores -principalmente, el Estado español, más algunos proveedores de la compañía minera- por lo que, en total, la corte sueca acepta embargar 141 millones a Boliden de forma cautelar.

Para continuar con el proceso, y a la espera de conocer con exactitud el contenido literal de la decisión judicial, la Junta y el resto acreedores deberán aportar al tribunal sueco una garantía similar a la que le reclaman a Boliden. Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que dicha aportación es consecuencia de que la Junta forma parte como acreedora del administrador concursal de Boliden-Apirsa.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, compareció ayer en rueda de prensa e informó de que el Gobierno autonómico aportará los casi 90 millones solicitados porque, aseguró, la intención de la Junta es “seguir adelante con el litigio hasta que haya una resolución firme”.

La titular de Medio Ambiente valoró la decisión judicial como la demostración de que “las multinacionales no podrán escabullirse de sus responsabilidades a través de ingeniería mercantil”.

Castillo hizo estas declaraciones desde la prudencia, ya que la Junta, reconoció, no ha recibido aún notificación oficial desde la corte judicial sueca y la información que tiene se reduce a la incluida en una breve nota de prensa publicada en la página web de Boliden, recogida ayer por el diario económico Cinco días.

Castillo consideró que a partir de ahora el caso debe resolverse en Suecia, ya que es allí donde tiene fijada su sede jurídica la multinacional, aunque las fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas apuntaron que el proceso seguirá su curso en España, ya que fue aquí donde se produjo el hecho juzgado.

Los daños ocasionados por el vertido contaminante y los gastos afrontados por la Junta de Andalucía, los ministerios y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la retirada de los lodos, el pago de las cosechas, la construcción de una depuradora en la zona de Entremuros y la realización de tareas de investigación se elevaron en su conjunto a 141 millones de euros, de los que 89,8 correspondieron a la Administración andaluza.

No obstante, a lo largo de estos diez años ha sido necesario gastar un total de 300 millones de euros para limpiar la zona de vertidos tóxicos y crear la zona protegida del Corredor Verde del Guadiamar. Boliden se ha mantenido al margen de esta ingente inversión y todos los esfuerzos de la Junta para recuperar los 89,9 millones de euros que costó retirar los lodos han sido, hasta ahora, en balde.

A pesar de esto, la empresa sí cobró 67 millones de euros de las aseguradoras Storbrand y Trygg-Hansa por el accidente. Hasta tal punto llegó el pesimismo de la Junta sobre la resolución del proceso que en diciembre de 2007 la entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, pidió “un poquito de más calor” a los jueces.

Y es que en todos los juicios iniciados, tanto por la vía penal, como por la civil y la contencioso-administrativa, la empresa minera ha salido hasta ahora victoriosa, ya que la legislación vigente cuando se produjo el vertido no preveía que un empresario debiera hacerse cargo de los costes del daño medioambiental que causa su actividad. La situación ha cambiado hace apenas dos años con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental por el Estado y de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) en Andalucía.

La primera jueza que instruyó el caso tras el accidente, en el juzgado de Sanlúcar, archivó las diligencias previas por la vía penal porque no encontró imprudencia grave por parte de Boliden, una decisión que en 2001 ratificó la Audiencia de Sevilla. La Junta decidió entonces recurrir a la vía civil, ya que consideró que la empresa incumplió su contrato porque una mina es un bien público sujeto a concesión. La Audiencia de Sevilla, en 2003, ni siquera admitió a trámite el pleito y lo remitió a la vía de los contencioso-administrativo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entró entonces a valorar el caso mientras el Consejo de Gobierno decidió ordenar el embargo de 89,9 millones contra Boliden. Pero el Alto Tribunal, tras analizar un recurso que la multinacional sueca presentó en 2004, anuló en 2007 la decisión de la Junta al no encontrar precepto legal. El Gobierno autonómico elevó entonces el asunto al Tribunal Supremo para que evaluase cuál es la vía por la que debe juzgarse este caso.

La decisión del embargo adoptada ahora responde en realidad al proceso de liquidación de la filial de Boliden en España, en el que la Junta aparece como acreedora y no busca responsabilidades por el vertido tóxico.