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La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra Cobre las Cruces imputándole varios delitos contra el medio ambiente a raíz de los trabajos en la mina que construye en la Sierra Norte. La acusa de contaminar con arsénico el acuífero Niebla-Posadas, del que hasta hace poco se abastecía Gerena. Este extremo fue ayer negado por la empresa.

Tras investigar la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción el pasado mes de mayo, la sección de Medio Ambiente, Delitos Urbanísticos y Patrimonio Histórico de la Fiscalía le imputa estos delitos “como consecuencia de construcciones ilegales de balsas y extracciones de agua” efectuadas por la empresa en la mina de cobre –la mayor a cielo abierto de Europa– que construye en terrenos de Guillena, Gerena y Salteras. En un comunicado, la Fiscalía consideró ayer que “se ha provocado una grave alteración del curso de las aguas” –habría perdido hasta 75.000 metros cúbicos de caudal– al tiempo que se ha puesto “en peligro” a las personas y al entorno con la contaminación por arsénico del acuífero.

La Fiscalía estima que las consecuencias “habrían sido superiores” si la Confederación Hidrógrafica del Guadalquivir (CHG) no hubiera suspendido los trabajos el pasado mes de mayo tras detectar varias irregularidades. Así, constata que las muestras tomadas en el acuífero por este organismo en julio de 2007 arrojan “la presencia de diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores”a los marcados por la ley.

Hasta hace apenas unos meses, los más de 6.000 vecinos del municipio de Gerena bebían el agua de este acuífero, que abastece también el regadío de toda la zona y en el que la empresa metropolitana de aguas Emasesa tiene una reserva de 12 hectómetros cúbicos para épocas de sequía.

La contaminación de las aguas con arsénico responde, según explicaron ayer desde Ecologistas en Acción, a la forma de trabajar de la empresa “que ha excavado sin retirar toda el agua del acuífero provocando la oxidación de los metales”, entre ellos el arsénico, presentes en el subsuelo. La empresa, por su parte, emitió ayer un comunicado negando que su actividad haya “afectado a la salubridad de las aguas subterráneas”, asegurando “contar con todos los datos que así lo demuestran”.

Proceso. Este proceso penal se suma al administrativo que ya pesa sobre la mina, sólo que ahora la Fiscalía le acusa de varios delitos contra el medio ambiente –penados con hasta cuatro años de cárcel– y unos daños que el Ministerio Público cifra en “al menos 322.381 euros”.

Cobre las Cruces recibió en octubre de 2003 la autorización de la CHG para drenar e inyectar agua del acuífero, situado sobre la veta de mineral. Ésta le fue retirada en mayo de 2008 al detectar la CHG la presencia de sustancias contaminantes en las aguas, un incumplimiento de la obligación de la empresa de reintegrar el caudal extraído y 20 pozos ilegales. Por ello, se le abrió un expediente sancionador que podría costarle cerca de 570.000 euros.

Apenas unos días después, la Consejería de Innovación suspendió provisionalmente los trabajos en la corta de la mina, obligándole a mantener las condiciones de seguridad. La actividad en Cobre las Cruces fue nula hasta que a principios de este mes la CHG permitió que la empresa continuara con las labores de drenaje e inyección para evitar inundaciones y derrumbes en la corta.

Para mantener la licencia definitiva, la empresa entregó el pasado viernes a la CHG el plan que ésta le reclamaba para corregir “íntegramente el protocolo de protección, prevención y seguridad del acuífero”, según hizo público ayer este organismo, y que tendrá que estudiar.