Esto yA NI.. yo! Puedo..

En un comunicado, Ecologistas en Acción explicó que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 16 de abril un anuncio por el que se habilita un periodo de 15 días para personarse en el expediente del permiso de investigación bautizado como Salomé, que comprende 59 cuadrículas mineras para recursos de la sección C en los terrenos de Gerena, Sanlúcar la Mayor y Olivares.

Al respecto, la organización ecologista advirtió que sobre los suelos afectados por este permiso de investigación transcurre el curso alto del río Guadiamar, “el único tramo que no se contaminó” en 1998 con el desastre medioambiental derivado de la ruptura de una balsa de lodos tóxicos de la explotación minera de Boliden-Andaluza de Piritas SA en Aznalcóllar.

La publicación Guadiamar10, editada por la Consejería de Medio Ambiente con motivo del décimo aniversario de la catástrofe, hablaba de la creación del Corredor Verde de este río y su declaración como Paisaje Protegido e integración en la Red Natura 2000. Tal extremo “abrió una nueva etapa en la futura gestión de este espacio natural. Con ella se añadió al conjunto de espacios protegidos de Andalucía un ejemplo singular de bosque de ribera asociado a un río con régimen escasamente regulado, el cual reproduce fielmente las pulsaciones propias del clima mediterráneo”, cita la organización en cuanto a este artículo.

“El objeto futuro, como se contempla en la propuesta andaluza para los Lugares de Interés Comunitario (LIC), es que sirva de elemento conector entre dos grandes espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Morena y Doñana”, cita por último el colectivo ecologista.

La actividad en la mina, que aún no ha iniciado la extracción de mineral, está paralizada desde hace un año debido a los fallos detectados en el sistema de extracción y reinyección de las aguas subterráneas y a la presunta contaminación de éstas con sustancias tóxicas, lo que derivó en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra los responsables de CLC.

A finales del año pasado, la empresa presentó el nuevo plan de depuración al que, tras el visto bueno del Consejo de Participación -donde están representadas las administarciones y los agentes sociales y económicos-, debe dar su aprobación final la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y competente para autorizar la reanudación de la actividad.

En declaraciones a Efe, el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, dijo que “con el tratamiento que propone la empresa se obtiene agua que es de calidad potable”, por lo que podría reutilizarse no sólo en la actividad propia de la mina, sino que el excedente podrá destinarse a otros usos como el agrícola.

El portavoz en el consejo de Ecologistas en Acción, Juan Romero, rechazó esta posibilidad y subrayó que la mina prevé extraer 44 metros cúbicos /hectárea de agua, una cantidad que, a su juicio, no se podrá reinyectar en el acuífero Niebla-Posadas, como preveía el proyecto inicial.

Para Romero, el plan de aguas aprobado representa un “fraude de ley” puesto que -aseguró- su plazo de exposición pública previo a la presentación de las correspondientes alegaciones concluía el pasado 13 de abril, “pero la Consejería de Innovación dio su autorización a la mina una semana antes”.

Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) firmada por la delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Pilar Pérez, y recogida por Europa Press, el proyecto está promovido por el empresario Francisco Manuel F.C. y ha sido bautizado como mina Los Colonos, planeando la instalación de la explotación en 3,9 hectáreas de superficie del término municipal de Algámitas, a la altura del punto kilométrico 2,8 del tramo de la carretera SE-464, que conecta este municipio con Pruna.

La empresa tiene previsto extraer del subsuelo 342.504 metros cúbicos de material mediante máquinas retroexcavadoras y bancos de trabajo en sentido descendente, según figura en la DIA.

Si bien la Consejería de Medio Ambiente declara “viable” a efectos medioambientales este proyecto, la DIA reclama “especial cuidado” durante la fase constructiva para “garantizar la no afección a las aguas superficiales” que puedan colindar con la explotación minera, exigiendo igualmente “especial cuidado” en la fase de extracción de materiales para la protección de las aguas superficiales y subterráneas, “evitando vertidos incontrolados accidentales, especialmente los producidos por la maquinaria pesada”.

“Para ello, todas las actividades que entrañen riesgo, tales como los cambios de lubricantes, las reparaciones o el abastecimiento de carburante, deberán realizarse en parques de maquinarias habilitados al efecto”, señala el documento, que advierte de que durante la ejecución de los trabajos “deberán realizarse las obras de drenaje necesarias para garantizar la evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión o sedimentación y la posible afección a las márgenes”, aunque también “se deberá evitar alcanzar el nivel freático del acuífero”.

Estas advertencias se realizan después de los graves problemas existentes por presunta contaminación de aguas en la mina Cobre Las Cruces (CLC), que se desarrolla a cielo abierto en los términos de Guillen,a Salteras y Gerena.

“Endesa pretende desarrollar en nuestro pueblo el proyecto que las instituciones sevillanas, andaluzas y estatales rechazaron para Sevilla capital”, indicó ayer a través de un comunicado Marcelo Domínguez, portavoz de IU-NI-UPAN en el Ayuntamiento de Guillena, en referencia a la frustrada central que Endesa pretendía construir en la Punta del Verde. Los vecinos de Guillena, sostuvo Domínguez, quedarían “en alto riesgo ambiental y sanitario”.

“El proyecto presentado ahora no hace más que disfrazar la realidad de lo que pretenden hacer anunciando una planta solar o recurriendo al caramelo del empleo. También nos parece lamentable que se pretenda cambiar toda la normativa urbanística y de protección de la serranía reclasificando la zona”, añadió.

En parecido sentido, Ecologistas mantuvo que la nueva central “es contraria al protocolo de Kioto” sobre emisiones contaminantes. “Este proyecto tampoco sustituye o reduce el funcionamiento de ninguna instalación más ineficiente y antigua en su entorno, y en consecuencia no supone una reducción de contaminantes o en el consumo de energías primarias fósiles”, indicaron a través de otro comunicado.

Endesa replicó por medio de un portavoz que las centrales de ciclo combinado “contribuyen a luchar contra el cambio climático puesto que entran en funcionamiento para generar electricidad antes que otras más contaminantes”, al tiempo que recordó que la producción mediante fuentes renovables tiene el inconveniente de depender de factores climáticos.

Sobre el aumento de las emisiones, Endesa negó la mayor, puesto que, a su juicio, España no puede superar los máximos fijados. Si se construye la central de Guillena, “será el Gobierno el que determine qué centrales más contaminantes deberán dejar de producir”, indicó el citado portavoz.

La compañía Endesa Generación tiene previsto construir en la localidad de Guillena un “parque de producción energética” con una inversión de 700 millones de euros que generará 1.555 megavatios al año, suficientes para atender la demanda energética de toda la provincia de Sevilla. El grueso de la inversión, unos 680 millones de euros, irá destinado a la puesta en marcha de una planta de ciclo combinado de gas natural, con una potencia de en torno 1.350 megavatios y para la que la empresa ha depositado un aval de 13,6 millones de euros ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, competente en la materia junto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Esta planta de ciclo combinado estará formada por tres unidades idénticas de unos 450 mw netos cada una y se ubicará en terrenos propiedad de Endesa, junto al embalse superior de la central hidroeléctrica existente.

El complejo, en fase de exposición pública y a la espera del informe de impacto ambiental, se ubicaría a unos 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Sevilla, en el paraje de Los Llanos de Medina, donde Endesa ya tiene una central hidroeléctrica de bombeo de 210 megavatios de potencia y una subestación eléctrica de transporte, dotada de parques de transformación de 132, 220 y 400 kilovatios. El conjunto se completaría con la construcción de una planta solar fotovoltaica de 3,85 megavatios que se destinaría tanto a abastecimiento como a tareas de investigación y desarrollo.

Según la empresa, durante los tres años que llevaría el proceso de edificación de este futuro Parque Energético Vía de la Plata se crearían alrededor de 500 puestos de trabajo directos, mientras que durante los 25 años de explotación del proyecto se generarían 50 empleos directos y unos 70 indirectos.

Pese a que en Guillena ya han surgido algunas voces discordantes con el plan de Endesa por su impacto ambiental, la compañía mantiene que su intención es hacer de su parque energético “un referente significativo de las distintas modalidades de generación eléctrica, especialmente, de las tecnologías limpias y de bajas emisiones atmosféricas”. En el entorno a la ubicación prevista se encuentran, en un radio de 10 kilómetros, ocho términos municipales: Guillena, El Ronquillo, Castilblanco de los Arroyos, Burguillos, Alcalá del Río, Gerena, El Garrobo y El Castillo de las Guardas.

La planta de ciclo combinado y el parque solar se desarrollarán sobre un suelo catalogado, según el Plan General de Ordenación de Guillena, como suelo no urbanizable protegido (SNUP) de la Serranía. Según la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (de 31 de enero de 2006) en fase de aprobación, la zona en cuestión pasaría a ser calificada como zona no urbanizable de carácter natural o rural, aunque tanto la propia compañía como fuentes municipales indican que el Ayuntamiento está dispuesto a reclasificar los suelos si el Ministerio da su visto bueno a la central del ciclo combinado y si la Junta de Andalucía hace lo propio con la planta termosolar.

El proyecto de Guillena es consecuencia de la desestimación por parte del Ayuntamiento de Sevilla y del Ministerio de Medio Ambiente, en 2006, de la construcción de una central de 400 megavatios de potencia en la Punta del Verde, junto al Puerto de Sevilla.

Endesa admite que antes de apostar por trasladar su proyecto a Guillena barajó otras ubicaciones alternativas, como el municipio de Dos Hermanas, cuyo Ayuntamiento ofreció unos terrenos junto al Guadalquivir en el Polígono Industrial de la Isla, o el Parque Medioambiental de Aznalcóllar, aunque explica que “ninguno de estos emplazamientos presentaba las ventajas sobre la localización propuesta en Guillena y, sobre todo, ninguno de ellos ofrecía una oportunidad tan manifiesta de desarrollar un parque energético” donde confluyan distintas formas de producción.

La puesta en marcha de este parque energético corregiría, a juicio de Endesa, “la descompensación existente en la provincia de Sevilla entre consumo y producción de electricidad”. Para ello pone sobre la mesa un dato: Sevilla, cuyo gran centro de consumo es la capital y su área metropolitana, supone más del 20% del consumo de toda la comunidad autónoma y, sin embargo, la cantidad de electricidad producida en la provincia es mínima. El año pasado, la punta máxima de consumo fue de 1.556 megavatios, cifra muy pareja a los 1.555 megavatios que podrían producirse en Guillena.

El emplazamiento presenta para la compañía varias ventajas, empezando por su cercanía a ese “gran centro de consumo de la provincia de Sevilla”, lo que aumenta a su juicio las garantías de un suministro eficaz, estable y seguro. También enumera como aspectos positivos la existencia de unos terrenos amplios y la cercanía de la subestación eléctrica ya en marcha, con lo que no será preciso construir nuevas líneas eléctricas para evacuar la electricidad generada en alta tensión.

A ello se añade la posibilidad de suministrar el agua necesaria para la operación del ciclo combinado “de modo compatible con los usos actuales de la cuenca” -en la que se incluyen los embalses existentes de Cala y de Guillena-, la lejanía de núcleos urbanos -”lo que minimizaría las posibles molestias sobre la población de la actividad industrial”- y un emplazamiento relativamente próximo a la red de gasoductos nacionales existente en la provincia de Sevilla.

Ese “relativamente próximo” se mide en kilómetros. Para su abastecimiento por medio de gas natural, la central necesitará de la construcción de un ramal de 43 kilómetros de longitud que partirá, al sureste de Aznalcázar, del gasoducto Huelva-Sevilla-Córdoba-Madrid.

El citado ramal no sólo permitirá abastecer a la central para su funcionamiento, sino a los municipios por cuyos términos municipales pase. De acuerdo al Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013), dentro de cuatro años, “el 80% de los residentes en núcleos de entre 10.000 y 20.000 habitantes deberán contar con la posibilidad de acceder al suministro de gas natural, acorde con una distribución equilibrada de dicha fuente de energía en el territorio”.

“La demora permanente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para autorizar la continuidad de la actividad minera ha obligado a Cobre Las Cruces a reducir al mínimo las actividades subcontratadas con terceros, que, a su vez, padecen, como el conjunto de las empresas andaluzas, enormes dificultades para acceder al mercado financiero”, indicó ayer en un comunicado la patronal andaluza después de mantener una reunión con representantes de las 25 empresas contratistas y suministradoras de CLC, que dan empleo a medio millar de trabajadores.

La actividad en la explotación se suspendió en mayo del año pasado tras detectarse la presunta contaminación del acuífero Niebla-Posadas , lo que motivó incluso que la Fiscalía de Sevilla se querellase contra los responsables de CLC. La empresa, no obstante, presentó a finales de 2008 un nuevo plan global de explotación que sigue sin ser autorizado.

“Una de las medidas más directas e inmediatas para afrontar la situación de crisis económica actual es la agilización de los mecanismos de autorización administrativa de la actividad empresarial en Andalucía; a este respecto, la situación de Cobre Las Cruces es paradigmática de la incidencia negativa que la actividad administrativa tiene sobre la competitividad de nuestra economía”, señaló la CEA.

A juicio de la asociación empresarial, “CLC ha venido cumpliendo cuantos requisitos le han sido exigidos por la Administración de aguas y cuenta además, en todo momento, con importantes empresas andaluzas, especializadas en la gestión medioambiental, que han aportado las soluciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad del proyecto y su adecuación a los parámetros exigidos por las distintas administraciones, de acuerdo con el contenido del plan global de gestión de aguas presentado ante la Agencia Andaluza del Agua”.